








PERSONA LOCALIZADA




Desde los tiempos de la pandemia las quiebras individuales han venido creciendo en el país muy por encima de las de las empresas. Y los registros de la mesa distribuidora del Poder Judicial de Salta muestran que en la provincia la preocupante tendencia no es una excepción. Los últimos dos años cerraron con cerca de un centenar de quiebras pedidas por consumidores. Son, en general, empleados en relación de dependencia, tanto del sector público como privado, que terminan sobreendeudados con tarjeta bancarias o centros comerciales porque su salario no les alcanza para llegar a fin de mes. No tienen un automóvil ni una vivienda propia que puedan caer en un embargo o una ejecución hipotecaria. Son asalariados que, ante los descuentos de ley que liman sus cuentas sueldos, optan por declararse fallidos, en busca de una tregua que les permita llevar el pan a la mesa familiar, un respiro concursal de un año acordado por una ley que rige desde hace 30 años.