En paralelo, desde la Casa Rosada amenazaron con aplicar sanciones a las entidades sindicales en caso de verificar el incumplimiento de las jornadas escolares normadas por ley. En ese contexto, se generó un duro cruce con la provincia de Buenos Aires: la Nación acusó a la gestión bonaerense de obstaculizar las inspecciones y ocultar datos, mientras que desde el ejecutivo provincial remarcaron que cualquier control federal sobre los empleados locales representa un avance ilegítimo sobre la autonomía del distrito.
