Salta atraviesa un fuerte deterioro en sus ingresos por transferencias nacionales desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Entre enero de 2024 y febrero de 2026, la provincia dejó de percibir $964 mil millones en concepto de envíos automáticos y no automáticos en comparación a 2023, según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Por un lado, las transferencias no automáticas, de carácter discrecional, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), registraron una caída de $459 mil millones, lo que equivale a $307.698 por habitante salteño. Por otro, las transferencias automáticas, vinculadas a la coparticipación, se redujeron en casi $505 mil millones, con una pérdida per cápita de $338.365.
En conjunto, la provincia resignó $646 mil por habitante en poco más de dos años, en un contexto donde la reducción de fondos afecta a todas las jurisdicciones del país, en distintos grados.
El informe del Iaraf atribuye la caída de los envíos no automáticos a decisiones de ajuste del gasto nacional, mientras que la merma en las transferencias automáticas responde a la menor recaudación de impuestos como IVA y Ganancias, en un escenario de retracción del consumo.
Ahorro provincialSobre este cuadro, el Gobierno de Gustavo Sáenz avanzó con un decreto de austeridad por 180 días que busca contener el gasto público provincial. La medida incluye el congelamiento de salarios de la cúpula política, la paralización de nuevas contrataciones, la reducción de gastos operativos y la revisión de contratos.
Sin embargo, la dimensión del ajuste provincial aparece desfasada frente a la magnitud de los recursos perdidos.
Según detalló la vocera Paula Benavides, el ahorro estimado por el congelamiento de sueldos de funcionarios es de aproximadamente 2 mil millones de pesos. La cifra corresponde únicamente a este componente y no incluye el eventual impacto de otras medidas del decreto, sobre el que todavía no fue detallado el monto del ahorro.
"Lo que se está haciendo con este decreto de austeridad es ajustar el gasto administrativo, no trasladar el ajuste a la gente, sino ordenar los recursos del Estado" (Paula Benavides, vocera).
El congelamiento salarial alcanza al gobernador, ministros, secretarios, autoridades de organismos descentralizados, empresas del Estado y personal fuera de convenio. Durante seis meses, estos cargos no percibirán incrementos vinculados a paritarias.
A esto se suma el congelamiento de vacantes y la suspensión de nuevas incorporaciones al Estado provincial, salvo en casos considerados esenciales. La medida apunta a contener el crecimiento del gasto en personal, uno de los rubros más relevantes del presupuesto.
Sobre gastos protocolares y viajes oficialesEl decreto también introduce restricciones en el funcionamiento cotidiano del Estado. Se suspenden los gastos protocolares, se limitan los viajes oficiales al exterior y se establecen controles más estrictos sobre el uso de vehículos y combustible. Además, se restringen compras de bienes y se impone la revisión de contratos, especialmente aquellos en moneda extranjera.
En este último punto, el Ejecutivo fijó un plazo de 60 días para renegociar acuerdos vigentes con el objetivo de adecuar precios y reducir el impacto de la volatilidad cambiaria.
El escenario fiscal también está condicionado por otros factores que inciden sobre la economía local. Por ejemplo, la eliminación de programas nacionales de transferencia directa, como "Volver al Trabajo", implica una retracción de 4.000 millones de pesos mensuales en el circuito económico de la provincia.
