La reunión para definir un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil terminó sin acuerdo, y con acusaciones por parte de la CGT y la CTA hacia el Gobierno al responsabilizarlo del fracaso, mientras que aseguraron que los empresarios no hicieron propuesta alguna para mejorar los ingresos de los trabajadores.
De esta forma, la definición ahora podría estar en manos de la Secretaría de Trabajo, lo determinará por decreto ante la falta de acuerdo. El nuevo monto tendrá además un impacto fiscal, ya que modifica el valor de algunos programas sociales clave como el Potenciar Trabajo o las Becas Progresar.
El encuentro previsto se desarrollo de forma modalidad virtual, una curiosidad ya que nunca se hizo de tal manera. Allí, los gremios plantearon incrementar el salario mínimo en un 85% a partir de febrero, lo que lo llevaría a $288.600. La propuesta fue rechazada por los empresarios y, según la CGT, también por el Gobierno que avaló la posición de los empleadores.
"Ante una actitud pocas veces vista, el secretario de Trabajo Omar Yasín, que presidió la reunión en representación del gobierno, junto con las cámaras empresariales, decidieron no realizar ningún esfuerzo para que hoy se formalice un nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil. El gobierno acompañó la pasividad del empresariado, que no presentaron ninguna propuesta, solamente una actitud extorsiva de querer imponer que el aumento fuera a partir del mes de marzo" añadió por su parte la CTA.
Ante la propuesta de los gremios, según la CTA, Yasin "puso a votación esa propuesta a sabiendas del resultado: La mitad del plenario del consejo, (las 3 centrales sindicales) votaron a favor mientras que la mitad del sector empresarial votó en contra. La norma establece que se tiene que obtener dos tercios del plenario para que sea favorecida y aceptada una propuesta. Por lo que el gobierno definirá por decreto".
