Apropiación de niños originarios: un delito que tiene historia en el norte provincial

Los padres de la beba sustraída del hospital Perón de Tartagal, tras su hallazgo, reclaman justicia. Las Fuerzas de Seguridad siguen tras los pasos de los raptores de la recién nacida.

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El último parte médico emitido por la gerencia del hospital Perón de Tartagal, a cargo de Pedro Urueña, informó que el estado de salud de la recién nacida robada y recuperada es bueno: "La niña se encuentra internada en el servicio de neonatología, su estado de salud es estable y evoluciona favorablemente del cuadro de hipotermia con el que ingresó". La madre y su familia continúan con la asistencia del equipo multidisciplinario dispuesto por la gerencia del hospital.
Pero historias como la de la beba robada y recuperada con hipotermia, la carita con tierra, al borde de la muerte tras el cruel abandono de sus captores, a quienes las Fuerzas de Seguridad buscan intensamente, tienen larga data en el Chaco salteño.
"Van a tener una vida mejor y no van a pasar hambre y necesidades como sus hermanitos". "Los papás adoptivos los van a querer y cuidar más que sus propios padres". "A ellas no las afecta porque al año siguiente otra vez se quedan embarazadas". Era la idea generalizada, horrenda, insensible e inhumana, que se oía en comentarios dichos "por lo bajo", cuando alguna familia "de bien" mediante engaños y el delictivo proceder de una red que se había formado en el norte salteño, lograba que un bebé apropiado ilegalmente de una mamá originaria o criolla, fuera asentado como propio.
Decir "padres adoptivos" es un eufemismo para no decir que eran apropiadores de bebés a quienes privaban de su fundamental derecho a la identidad (aunque dijeran amarlos con locura) y sumían a sus madres -pobres en extremo- en un dolor eterno.
Esa era la realidad en el norte de la provincia hasta hace 20 años y el robo de la pequeña Catez trajo a la memoria esa práctica que fue desmantelada por el trabajo a destajo de una jueza de familia quien con el apoyo incondicional de un par de abogados del fuero local y de una defensora oficial, lograron desbaratar esa organización que detrás de la fachada de un grupo de personas solidarias, que ayudaban a los más necesitados, sustraían a los bebés para entregarlos a familias de buen pasar. Muchos de esos niños residen en Europa, otros en otras provincias pero otros aún sin saberlo caminan por las calles de Tartagal sin conocer su origen y a la mamá que los trajo al mundo.
Marina y Felipa
Antes del año 2000, del saqueo que padecieron los pueblos de Mosconi y Tartagal y de los conflictos sociales, cada día que comenzaba Marina lloraba en silencio su tragedia, sentada mientras tejía alguna artesanía con una sola mano, (había nacido con esa discapacidad física) no dejaba de repasar una y otra vez lo que había vivido 23 años atrás: Se sabía "india" como los criollos despectivamente le decían a ella y a todas las mujeres de su etnia sin derechos, podía pasarse horas parada en la puerta de un juzgado sin que nadie le preguntara qué necesitaba. Ella quería que la ayuden a encontrar a su hijo.
A los 40 años de edad, Marina le contó a este diario su tragedia: "Yo lo parí acá en la comunidad (del kilómetro 6) pero me sentía mal. Ella me llevó en la camioneta del cura hasta el hospital (Juan Domingo Perón de Tartagal) pero yo me desmayé en el camino. Cuando me desperté quería verlo a mi hijo y me decían que descanse. A los dos días me dieron el alta, me trajeron de nuevo y después me dijeron que el chiquito ya no estaba, que no busque más". Ese fue el relato simple de la wichi Marina Delgado.
Felipa tenía 5 hijos y vivía pobremente en una casa precaria del barrio Nueva Esperanza. Demasiado delgada, con la piel desgastada, dejaba ver la pobreza en la que se había criado y criaba a sus hijos. Pero Felipa tenía una cierta prestancia que para cualquier apropiador la hacía una mujer de cuidado. Por eso con ella nunca hicieron ni el intento. Pero su hermana "la Candy" era otra cosa. Candelaria se había enamorado de un francés que trabajaba para una finca. La muchacha tenía un cierto grado de retraso madurativo y con el francés tuvieron un hijo varón rubio, de ojos claros y piel trigueña.
Ese niño estudiaba en un colegio religioso de Tartagal y Candy siempre se acercaba a la puerta para verlo entrar y salir sin que el niño ni siquiera imaginara que ella, esa muchacha wichi, era su propia madre.
"La Candy lo tuvo en una clínica privada la internaron y ella estaba contenta porque me decía que Laura le había prometido que le iba a hacer su casita y que todos los meses la iban a ayudar con bolsones, con ropita. Cuando salió de la clínica no le dieron nada", le contó Felipa hace unos años también a El Tribuno, el único medio de toda la provincia que se animaba a visibilizar lo que sucedía con estas mujeres originarias y sus bebés víctimas del robo.
Ese hermoso niño había sido apropiado por el piloto de una empresa petrolera que operaba en la zona y por su esposa que, a pesar de tantos tratamientos de fertilidad realizados, no había podido engendrar a sus propios hijos.
Unas mellizas que terminaron viviendo en Mar del Plata, otra nena que reside en Tartagal, otros dos chicos, uno de ellos que reside en Europa y otro papá de familia que hoy ronda los 40 años de edad también tartagalense, son solo algunos de estos niños apropiados que nunca recuperaron su identidad. Pero los hijos de Marina, de Candelaria y varios otros sí lo hicieron.
Las acciones de la Justicia para poner un límite
La organización conformada por "damas solidarias", directivos de algunas petroleras, funcionarias del Registro Civil y hasta miembros de la Iglesia Católica, después de operar años con tanta impunidad, se pusieron en la mira de la entonces jueza de familia, la Dra. María Vargas. Nacida y criada en los valles, soltera y dedicada "24-7" a su tarea, se puso al hombro la misión de desmantelar esta red que operaba de manera muy eficiente para sus fines delictivos. De un lado fingían contener a las mujeres más pobres, se ganaban su confianza y así sustraían a sus niños. Del otro, usaban la angustia, la frustración de mujeres de buen pasar que después de intentarlo por años no habían podido engendrar. En el medio usaban a su favor lo lento que resultaban los procedimientos de la ley de adopción que significaba esperar años a ser llamadas cuando había un niño bajo el patronato del Estado con fines de adopción.
La doctora María Vargas contaba con la ayuda, el apoyo, la colaboración de muy pocas personas que se ganaron el repudio y el rechazo de una parte de la sociedad tartagalense -la más influyente-, esa misma que se beneficiaba en forma directa con la industria del gas y del petróleo que generaba millonarios recursos. Tenía la ayuda de la entonces asesora de menores Claudia Zamar, jujeña, quien había sido designada en el Distrito Judicial Tartagal. Otro letrado que desde su estudio jurídico las ayudaba de manera incondicional era el ya fallecido penalista Roberto Avellaneda Alfonsín. El resto del foro de ese momento -abogados, funcionarios del poder judicial o del Ministerio Público- preferían mirar para otro lado antes que no poder ir ni a misa, como le sucedía a la propia Dra. Vargas, para no recibir indirectas durante las homilías.
Vargas logró el cierre definitivo de un hogar de niños creado por esta misma organización y, con ese mismo fin, la imputación y la detención de varias personas y la red quedó prácticamente desmantelada cuando muchos de sus integrantes decidieron irse de Tartagal. La jueza, a poco de jubilarse y dejar el norte, recibió un reconocimiento del municipio por la "loable tarea realizada", pero jamás se mencionó que había desmantelado una red de tráfico y venta de bebés. Nadie sabrá si los apropiadores de hijos ajenos se los llevaron con algún otro fin que no fuera ser hijo de una familia.