Mayor vigilancia y evitar las torturas

En un apartado final, el tribunal se expidió sobre el deber del Estado nacional en evitar "la práctica recurrente de la tortura y el maltrato en diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad, las que arrastran el peso histórico de estas estructuras militarizadas con respecto a los registros personales e invasivos y vejatorios de personas".

En ese marco, refirieron, "se debe tener especial celo en los casos de controles rutinarios y muchas veces sin justificación, los que lamentablemente se llevan a cabo pese a existir reglamentos que regulan dichas prácticas. Este deber de garantías, de que los ciudadanos estaremos protegidos por las diversas leyes, en las requisas personales, implican también la obligación de investigar sin demora, exhaustivamente y de manera imparcial todos los casos de violencia cometidos en estas circunstancias, evaluando cualquier posible responsabilidad de los agentes estatales y, cuando corresponda, se debe sancionar a los responsables".

"El Estado debe garantizar que los registros invasivos se hagan de manera excepcional y de manera menos intrusiva posible. Y que estén a cargo de personal calificado, o del mismo sexo, respetando la dignidad de la persona, los reglamentos y protocolos vigentes, lo que no sucedió en este caso", destacaron los jueces al tratar el demanda de la mujer.